Venezuela tras un año de protestas

Periodista Geydi Mátuz-Género Crónica

Al día de hoy, no queda claro cuántas personas siguen en la cárcel por las protestas.

Tras una serie de protestas contra el gobierno de Venezuela presidido por Nicolás Maduro, iniciadas el 4 de febrero en la ciudad de San Cristóbal del estado Tachirá y el 12 de febrero en Caracas, como consecuencia de la delincuencia, el nivel de la inflación y la escasez de productos básicos es alta.

El 12 de febrero de 2014, la ciudad de Caracas se sumó a las protestas convocadas por los líderes de la oposición venezolana, Antonio Ledezma, María Corina Machada y Leopoldo López  y organizadas en conjunto con movimientos estudiantiles. Se realizaron en varias ciudades del país, y entre las motivaciones alegadas por los manifestantes opositores figuran el descontento ante la supuesta vulneración de los derechos civiles, una “suspensión de garantías”, la escasez crónica de productos básicos, los altos niveles de violencia delictiva y la presunta injerencia de Cuba en la política de Venezuela.

A la par de las manifestaciones de oposición, el Gobierno también convocó a marchas a su favor en Caracas y en otras ciudades. El Ejecutivo del estado afirma que no se han suspendido garantías y que en Venezuela se vive el ejercicio pleno de las libertades civiles. El gobierno de Maduro, identifica a los manifestantes y líderes opositores que, según el discurso oficial, promueven violencia y odio como «fascistas».

Hasta ese momento, las manifestaciones y los disturbios habían dejado un saldo de 42 fallecidos, entre ellos oficialistas, opositores, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, entre otros. Más de 486 heridos y 1,854 detenidos se reportaron según informe de la Fiscalía General de la República, mientras el Foro Penal venezolano y la organización de derechos humanos denunciaron 33 supuestos casos de tortura.

El 21 de febrero el gobierno venezolano retiró el permiso de funcionamiento y la señal dentro de Venezuela a los canales internacionales NTN 24 y CNN en Español, retractándose de su decisión el 22 de febrero con CNN, emitiendo nuevas credenciales para los periodistas de la cadena Estadounidense. También se les acusó de intentar bloquear Twitter.

Tras un año de protestas los conflictos siguen, miles de venezolanos en distintas ciudades salieron a marchar este jueves 12 de febrero, su objetivo la renuncia del presidente Nicolás Maduro y el cambio del modelo político y económico del país.

En el estado andino de Táchira, medios locales reportaron enfrentamientos con piedras y gases lacrimógenos que dejaron ocho heridos tras la manifestación de San Cristóbal. Y en el sector de Chacao en Caracas, se registraron enfrentamientos con al menos 10 detenidos una vez terminada la manifestación. Mientras tanto, se realizó una marcha del oficialismo para conmemorar el Día de la Juventud, a propósito del aniversario de la batalla independentista de la Victoria, que tuvo lugar en Caracas.

Tras la jornada de protestas, el presidente Nicolás Maduro dijo que se estaba preparando para un golpe de Estado. Aunque no dio detalles de quiénes eran los responsables, asegura que actuaron a tiempo.

"Hemos desarticulado, hemos desmantelado, un atentado golpista contra la democracia, contra la estabilidad de nuestra patria. Se trata de un intento de utilizar a un grupo de oficiales de la aviación militar para provocar un hecho violento, un atentado, un ataque. Es un coletazo del golpe de estado azul, llamado así, del golpe azul de hace un año", dijo Maduro.

Pero ¿De qué los acusan?

La mayoría de los más de 3.000 detenidos durante las protestas fueron o son acusados, sobre todo, por delitos como: instigación pública, llamar a otros a cometer delitos, obstaculización de vía pública con el objeto de producir un siniestro, entre otros.

Ese, por ejemplo, es el caso de Leopoldo López. Sin embargo, no queda claro de qué están acusados a todas las demás personas que siguen en la cárcel por las protestas.

Los informes de las organizaciones de los Derechos Humanos (DD.HH), entre las que se incluyen la ONU y Human Rights Watch, coinciden en que la mayoría de los más de 3.000 casos de arresto representan una violación a los DD.HH., sea por detención arbitraria o tratamiento indebido. Sin embargo, estos informes admiten que durante las protestas de hace un año una minoría de manifestantes cometieron delitos.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Tareck William Saab, informó hace un mes que los detenidos son 51, de los cuales 14 son funcionarios de la policía acusados de abuso de la autoridad o tratos crueles. Su identidad, añadió, "es parte de la reserva legal". Mientras tanto, el Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental que ha dado apoyo legal a muchos de los detenidos, dice que son 60, sin incluir a los funcionarios del Estado.

Por otro lado

El economista José Guerra, exgerente de investigación económica del Banco Central de Venezuela y quien da constante seguimiento a las finanzas de su país, declaro: “Venezuela hoy no está en condiciones de financiar a nadie”. “Olvídense del Gobierno de Venezuela”.

Según han calculado los economistas de Venezuela, el desplome del precio del petróleo podría reducir a 35,000 millones de dólares los ingresos por exportaciones petroleras en 2015, que el año pasado fueron de 75,000 millones de dólares.

Guerra se basa en que el “país petrolero ante la caída del precio internacional del crudo”, más bien “está cobrando desesperadamente sus cuentas pendientes y buscando financiamiento con chinos y árabes” para poder hacer frente a sus compromisos económicos, que según datos de la firma Barclays Capital, este año ascenderían a unos 11,000 millones de dólares, entre bonos soberanos y deuda de la estatal Petróleos de Venezuela.